Rodrigo López Oviedo
Con la renuncia de Andrés Palencia Fajardo, el último fiscal que tuvo asignada la tarea de solicitar de nuevo la preclusión del proceso penal que se le sigue a Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal, se refuerza la incertidumbre de los colombianos acerca de tal caso, en el cual figura como víctima el senador Manuel Cepeda Castro.
Esta renuncia es interpretada por algunos como un acto de “responsabilidad” de parte de Palencia, quien prefirió retirarse del proceso a tener que actuar, sin chistar, a favor del sindicado. Para otros, es una estrategia del fiscal general, Francisco Barbosa, quien no ha ocultado su intención de que el proceso marche hacia su preclusión, lo cual parece confirmarlo el haber designado en reemplazo del renunciante Palencia a Víctor Salcedo, un personaje que en cosa de pocos días tuvo que renunciar también por una columna de su autoría en la que hizo manifiestas sus afinidades con Uribe, lo cual se prestaba para ser recusado. Esta nueva renuncia dará pie a que Barbosa se tome unos días más en la búsqueda de otro fiscal “idóneo”, de quien lo de esperar es que solicite un nuevo plazo para estudiar el proceso y formular su petición, que con altas probabilidades puede ser nuevamente la de preclusión.
La Justicia colombiana no ha querido mostrarle nunca sus dientes a Uribe. Ha pasado por su lado sin tocarlo, pese a que muchos de sus colaboradores dan indicio certero de la proclividad del exmandatario al delito, pues han tenido que pasar por los estrados judiciales bajo sindicaciones tales como paramilitarismo, narcotráfico, falsos positivos y peculado, como ocurrió en este último tipo de casos con Andrés Felipe Arias y su programa Agro Ingreso Seguro, mediante el cual destinó gruesas sumas del Estado a expandir el poder económico de latifundistas, en lugar de favorecer a los campesinos más débiles.
Pero volviendo al caso de Uribe, el fiscal Barbosa ha puesto patas arriba las funciones de la Fiscalía al dedicarla, no a adelantar las pesquisas que conduzcan al juez a una decisión justa, sino a gestionar la prescripción del proceso.
Lo anterior debiera apurar al Congreso a adelantar una reforma radical a la justicia, especialmente al Código de Procedimiento penal, el cual da soporte legal a conductas corruptas como las de alargar los procesos, lo cual ha hecho que se vuelva moda su preclusión por vencimiento de términos. El mejor servicio que Gustavo Petro y su bancada parlamentaria podrían prestarle al país sería lograr esa reforma. Los colombianos honestos podríamos dormir tranquilos al percibir que la justicia ya no cojea y llega oportunamente.
