Por Noe Edimer Tinjaca Gonzalez
Candidato al pacto histórico por la circunscripción internacional.
Polítologo
Periodista del Diario el Confidencialidad
Administrador del El Intermediario
Residente en Chile en asilo desde el estallido social en Colombia y fue el primer firmante por la revocaria del mandato de Duque.
Ha trabajado desde el cono sur de Chile con colectividades colombianos por siempre y somos familia somos amigos. Además de ellos fue candidado Edil de su comuna en Ibague el 2019-2024 y actualmente se desempeña en la mesa de sociedad civil para migrantes, activista y defensor de derechos humanos del migrante Colombiano en el exterior.
📢 Opinión: Colombia, entre estatutos migratorios de papel y realidades invisibles.
Colombia ha sido reconocida internacionalmente como un país pionero en la atención a la migración. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y la Ley 2136 de 2021, conocida como la Política Integral Migratoria, se presentan como instrumentos de avanzada que combinan humanitarismo con visión de derechos humanos. Sin embargo, la brecha entre lo escrito en la norma y lo vivido en las calles sigue siendo abismal.
El ETPV, sin duda, marcó un hito histórico: permitió que más de 2,5 millones de venezolanos iniciaran un proceso de regularización sin precedentes en la región. Fue aplaudido por organismos internacionales y se convirtió en modelo de referencia para otros países. Pero su implementación ha mostrado las grietas del Estado: demoras interminables en la entrega del documento, dificultades para acceder al mercado laboral formal y la paradoja de que tener un papel no siempre garantiza la inclusión real. Regularizar no es lo mismo que integrar.
Por su parte, la Ley 2136 de 2021 es un logro normativo de alto nivel: reconoce la migración como un derecho humano, protege a colombianos en el exterior y plantea la necesidad de coordinar institucionalmente al Estado. En teoría, debería ser la columna vertebral de la política migratoria nacional. En la práctica, se ha convertido en letra muerta. La falta de reglamentación, de presupuesto asignado y de liderazgo en su implementación ha condenado a esta ley a la irrelevancia.
La Comisión Intersectorial de Migraciones, llamada a ser el espacio de articulación, apenas ha tenido impacto. Su rol consultivo, sin poder vinculante, la ha relegado a un lugar simbólico más que decisorio. Mientras tanto, las crisis migratorias —venezolana, haitiana, africana— han sido enfrentadas con medidas reactivas, improvisadas y de corto plazo, dejando en evidencia la ausencia de una política integral y sostenida.
En resumen, Colombia tiene estatutos migratorios que brillan en el papel, pero que no transforman de fondo la vida de quienes migran ni de las comunidades que los reciben. Si queremos que estas normas trasciendan la retórica, es urgente:
1. Dotar a la Ley 2136 de reglamentos claros y recursos financieros reales.
2. Fortalecer institucionalmente la Comisión Intersectorial, dándole capacidad decisoria.
3. Ampliar mecanismos como el Estatuto más allá de la población venezolana.
4. Apostar por programas de integración laboral, educativa y comunitaria, más allá de la regularización documental.
Colombia no puede seguir siendo un país de normas ejemplares pero de políticas ausentes. La migración es una realidad estructural y permanente; reconocerla no basta, hay que gestionarla con responsabilidad, coherencia y visión de futuro.
