#Region | Procuraduría inhabilita por 12 años al exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado
La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, con una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos, tras hallarlo responsable de una presunta participación en política durante la campaña electoral de 2023, una decisión que representa un duro golpe para la estructura política que venía consolidando con miras a la Gobernación del Tolima.
La investigación disciplinaria se originó por hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2023, en plena contienda electoral. Según el expediente, el entonces mandatario habría sostenido un encuentro con representantes de sectores cristianos de la capital tolimense en un hotel de la ciudad, donde se abordaron asuntos relacionados con la gestión pública y la situación administrativa de Ibagué.
De acuerdo con la denuncia ciudadana que dio apertura al proceso, minutos después de finalizada la intervención del alcalde, ingresó al mismo recinto quien para ese momento era candidata a la Alcaldía de Ibagué, Johana Aranda, hoy mandataria local. Para el denunciante, esta coincidencia configuraría una participación indebida en política, conducta expresamente prohibida para los servidores públicos en ejercicio.
Durante la actuación disciplinaria, Hurtado sostuvo que el evento no fue organizado ni financiado con recursos de la Alcaldía y que su intervención correspondió a una rendición de cuentas, sin actos de proselitismo. Sin embargo, la Procuraduría concluyó que existían elementos probatorios suficientes para imponer la sanción en primera instancia.
El fallo fue apelado, por lo que no se encuentra en firme y deberá ser revisado por la segunda instancia del Ministerio Público. No obstante, la decisión ya genera repercusiones políticas de fondo, al dejar sin representatividad directa a la estructura que venía adelantando andamiaje territorial y electoral con el objetivo de disputar la Gobernación del Tolima en 2027.
Mientras avanza la segunda instancia, el proceso disciplinario continúa abierto, en el marco del debido proceso, y su desenlace podría redefinir el mapa político del departamento.
